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En momentos en que la discusión de una mayor apertura de los gobiernos societarios ocupa la atención del mercado local, la clasificadora ICR busca lanzar el primer rating que mide la internalización del concepto de buenas prácticas de gobernabilidad en la empresa.

Esta clasificación, contempla un análisis de las prácticas privadas y el marco regulatorio de una compañía, desde las juntas de accionistas, el directorio y hasta la alta dirección, lo que responde a la necesidad de mayor información sobre estos temas y a la demanda de inversionistas, principalmente extranjeros.

Según explica el socio de ICR, Alvaro Clarke, la experiencia a nivel internacional avala la proyección de éxito de esta evaluación, pese a lo invasivo que pueda parecer.

 "Los accionistas están cada vez más preocupados de este tema y una buena parte de las empresas chilenas abiertas en bolsa tiene una proporción relevante de accionistas extranjeros que han visto y analizado este tema en diversas circunstancias", dice.

De ahí que debiera esperarse que a futuro esa demanda por información en materia de gobierno corporativo "sea satisfecha por las empresas locales".

El nuevo tipo de clasificación surge en momentos en que la institucionalidad de los gobiernos corporativos está tomando forma legal en Chile y las  empresas están construyendo una relación más cercana y confiable con sus inversionistas, sean estos de capital o deuda.

"Ese proceso también disminuye la percepción de riesgo por quienes invierten y eso se traduce en aspectos económicos muy concretos, por lo tanto es un proceso generador de valor", agrega Clarke.

A diferencia de la clasificación de riesgo, que es obligatoria, este rating "es un acto absolutamente voluntario y en consecuencia las empresas deben tener la convicción de que al hacerlo estarán contribuyendo a tener una mejor relación con sus inversionistas y que esto va a generar más valor en la acción".